Como la rueda del hámster, que nunca termina de girar, los casos de irregularidades con viviendas sociales del Estado se repiten sin que las autoridades parecieran encontrar cómo frenar esta situación y los ciudadanos no pudieran evitar caer en esas recurrentes trampas.
A través de investigaciones periodísticas de “Panorama Tucumano”, el ciclo de LA GACETA TV, el año pasado tomaron estado público diversas anomalías en la ejecución de programas de viviendas sociales. Por el caso “Viviendas” hubo diversas medidas administrativas e incluso se suspendió y dejó cesantes a funcionarios. En el ínterin, la conducción del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) fue modificada por el fallecimiento del interventor, Gustavo Durán, un funcionario que había llegado al cargo de la mano de José Alperovich en 2003. Desde entonces, el organismo es conducido por quien era la subinterventora, Noemí Ferrioli.
En enero, el Ipvdu advirtió a los vecinos sobre la existencia de falsos gestores, quienes cobrarían dinero a cambio de realizar trámites relacionados con la inscripción o transferencia de casas edificadas mediante programas sociales. Señaló también que las gestiones son “totalmente” gratuitas. “Los trámites se realizan únicamente a través de la página web oficial (www.ipvtuc.gov.ar) o en la Dirección del Área Social del Instituto, en calle Muñecas 483 de la capital”. Por último, la entidad advirtió que “no existen gestores autorizados para realizar diligencias relacionadas con inscripciones, transferencias y ventas” de las viviendas sociales.
Las advertencias fueron el preludio de una segunda quincena de enero signada por la tensión. Cientos de presuntos estafados protestaron y empujaron a las autoridades del Ipvdu a presentar una denuncia ante la Justicia. El fiscal de feria, Diego López Ávila, encabezó las primeras medidas. A través de testimonios, que daban cuenta de que se habría pagado entre $4.000 y $100.000 por una casa del Estado, el funcionario judicial encabezó allanamientos que terminaron en una decena de detenciones de presuntos falsos gestores. La cabecilla de la supuesta operatoria irregular, Elizabeth Rosa Alzogaray, también fue detenida por la Justicia. En su declaración, afirmó que mantenía vínculos con el fallecido interventor, Durán.
Ya este mes, un empleado del Ipvdu fue aprehendido. Según la denuncia realizada por una pareja, el sospechoso se habría ofrecido como una suerte de intermediario en una transferencia presuntamente anómala de una vivienda del barrio Manantial Sur.
Como se ve, los años pasan, los casos se repiten y los responsables políticos de la provincia aducen que desconocen lo que sucede puertas afuera con las viviendas entregadas por el Estado. También, afirman que las estafas se dan en un marco privado y que los ciudadanos saben, al momento de entregar dinero a un particular, que ese no es el camino legal para acceder a una casa. En parte, es cierto. Pero no deja de ser cierto también que hay una realidad que los funcionarios parecieran no querer ver: la dificultad para acceder a créditos bancarios hipotecarios y la crisis habitacional que empuja a muchas familias, en la desesperación, a confiar en cualquier alternativa. A partir de lo sucedido y de la desarticulación de esta presunta banda de estafadores, el Gobierno de Juan Manzur tiene la oportunidad de devolverle al Instituto de la Vivienda la credibilidad que perdió a lo largo de los años.